El contencioso del Sahara Occidental ocupa un lugar central en nuestra política hacia el Magreb y en la sensibilidad de muchos españoles. Es indudable que un interés primordial de España es fomentar en la región la paz y la estabilidad y apertura políticas, un desarrollo económico vigoroso y unas relaciones sólidas de buena vecindad. La política de Zapatero aleja la consecución de estos objetivo
I- La insoportable soledad del Gobierno: la política española desde 2004
El conflicto del Sahara Occidental ha presentado a los sucesivos Gobiernos socialistas un dilema político y ético en el que las alternativas son básicamente dos: apoyar la legalidad internacional y trabajar para que el Consejo de Seguridad la haga efectiva; o ignorar esa legalidad y dilatar la solución de la controversia para desgastar la capacidad de resistencia y la identidad del pueblo saharaui. Desde que Felipe González dijo en Tinduf en noviembre de 1976 aquello de que “nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final” hasta hoy ha llovido mucho1. Hubo hasta un referéndum simbólico en Andalucía, con mesa en la sede del Parlamento andaluz incluida, que precipitó en 2001 la retirada del Embajador de Marruecos.
Hoy la política del PSOE es distinta. Hace pocas fechas, el 8 de abril, el Frente Polisario criticaba la propuesta de autonomía para la región del Sahara Occidental planteada por Marruecos y lamentaba la adhesión “peligrosa” del PSOE a dicho plan, al que considera “un proyecto contra la libertad de expresión y la legalidad internacional” que podría “desembocar en inestabilidad” y, posteriormente, “en una guerra”. El Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero ha optado por combinar una retórica calculadamente ambigua de cara a sus bases, que prefieren mantener la postura española tradicional de respaldo a la legalidad internacional, con una política de claro apoyo a las tesis marroquíes2. Una actitud que ignora y olvida el llamado “Plan Baker II” aprobado por unanimidad (es decir, incluido el voto de Francia) por el Consejo de Seguridad en su resolución 1495 (2003) bajo la Presidencia española del Consejo de Seguridad, y la postura tradicional del socialismo español que tradicionalmente consideraba la celebración de un referéndum como única solución posible al conflicto.
En el proceso, Rodríguez Zapatero ha ignorado que el derecho de autodeterminación otorgado al pueblo saharaui por la legislación internacional tiene naturaleza de ius cogens, y que tanto España como Marruecos están obligados a respetarlo. Este golpe de timón ha exigido cierta flexibilidad retórica. Así pues, a nadie debe sorprender que los portavoces del Gobierno insistan en que éste respeta la exigencias de la ONU mientras repiten machaconamente la necesidad de que “no haya posturas absolutamente irrenunciables”, en clara referencia a la exigencia saharaui de ejercer su derecho a celebrar con plenas garantías un referéndum de autodeterminación.
Ya en mayo de 2004, Pasqual Maragall admitió públicamente que “la postura del Presidente del Gobierno para 
resolver la cuestión del Sahara, no pasa por la ONU”4. En la misma línea, el ministro Moratinos dejó caer, en octubre de 2004, que si bien el marco de Naciones Unidas es la referencia legal, sería deseable crear una “nueva dinámica” (sic), en la que “no deberíamos mirar hacia el pasado sino hacia el futuro”, con el fin de alcanzar un “acuerdo en el marco bilateral y regional”5. Elena Valenciano, actual Secretaria de Relaciones Internacionales es algo más directa: “El único acuerdo posible es aquél que integre y respete los derechos e intereses de todas las partes”6. Sobra decir que en ese esquema los derechosdel pueblo saharaui vienen a tener el mismo peso que los intereses geopolíticos de Rabat.
Fuera del Gobierno, otros miembros de la cúpula socialista parecen estar siguiendo la estrategia marcada por Moncloa. En mayo de 2005 Josep Borrell, a la sazón Presidente del Parlamento Europeo, escandalizó a los europarlamentarios con un fracasado intento de bloquear una declaración parlamentaria reclamando a Marruecos la liberación de presos políticos saharauis, así como la apertura del territorio a periodistas, representantes de organizaciones no gubernamentales y observadores internacionales.
Esta nueva política hacia el conflicto del Sahara Occidental se ha traducido en un gravísimo dilema de política interna: la cúpula de dirigentes socialistas se ha encontrado totalmente aislada del resto de actores políticos españoles. Por un lado, en el Congreso de los Diputados la oposición del Partido Popular ha mantenido su política previa de apoyo a las resoluciones de las Naciones Unidas, respeto por el consenso de estado existente hasta 2004 y acatamiento de la legalidad internacional. Una postura que ha sido reiteradamente compartida por el resto de partidos tanto en Madrid como en Bruselas. En clave nacional, el aislamiento del Gobierno se hizo especialmente patente en marzo de 2007, cuando a iniciativa de Izquierda Unida, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley instando al Gobierno a “respetar la legalidad internacional” 7. Otra propuesta similar del Partido Popular en mayo de 2005 también fue aprobada por todos los grupos parlamentarios. A esto se añaden las repetidas críticas de la Unión Europea y de organizaciones internacionales de Derechos Humanos por el comportamiento marroquí en el territorio del Sahara Occidental.
Más alarmante desde el punto de vista de la Moncloa es la irritación entre las bases del Partido Socialista y entre sus aliados electorales, quienes tampoco han entendido que se abandone la legalidad vigente y la causa, considerablemente popular, del pueblo saharaui. Así, los aliados del Gobierno (Bloque Nacionalista Galego, Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida) se han opuesto frontalmente al entusiasmo pro-marroquí del Gobierno. Izquierda Unida, por ejemplo, ha emitido no menos de 26 comunicados sobre la materia en el último año y medio calificando la “inaceptable sumisión del Gobierno español a Marruecos” como “escandalosa” y exigiendo una rectificación de la “política inadecuada sobre el Sahara” porque “refuerza a Marruecos”8.
En cuanto a las propias bases socialistas, un documento de la X Conferencia de Intergrupos Parlamentarios y publicado en Enclave Socialista en marzo de 2006 “insta al Gobierno a que, asumiendo las responsabilidades históricas que corresponden al Estado Español en el conflicto, impulse... cu
antas acciones políticas y diplomáticas permitan de forma rápida al pueblo saharaui ejercer el derecho a la libre autodeterminación, vía referéndum”9. En un tono más moderado, la diputada socialista Cristina Pereda recordaba poco después que “los socialistas sí nos reconocemos con una responsabilidad que nos obliga a no mirar para otro lado” y que “nosotros seguiremos apostando por una solución en la que el pueblo saharaui tenga la última palabra”10. Este punto de vista se reproduce en los sucesivos comunicados de Izquierda Socialista así como los de agrupaciones regionales y municipales a lo largo y ancho de España, desde el ayuntamiento de Getafe, hasta la Federación de Municipios de Cantabria encabezada por la socialista María Jesús Calva.
Desde 2004, las protestas de organizaciones no gubernamentales españolas tampoco han cesado de castigar la equívoca actitud del Gobierno. Así, tras el repunte de la represión marroquí en 2005 José Taboada, presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara (CEAS-S), denunció que el Gobierno trataba de “camuflar” su apoyo a Marruecos11. Unos meses más tarde, Salvador Pallarès-Garí, Presidente de la Associació Catalana d’Amics del Poble Saharauí, (ACAPS), examinaba un “Documento Informativo” enviado por la dirección del PSOE a sus agrupaciones con motivo del 30 aniversario de los Acuerdos de Madrid y llegaba a la conclusión de que ese documento omitía las “resoluciones aprobadas por la ONU” y pretendía “acercar posturas entre el invasor y la víctima”12. La presión y el descontento con la política del Gobierno finalmente culminaron con la manifestación, convocada por la CEAS-S el 21 de abril de 2007 para “exigir que el Gobierno apoye claramente las resoluciones de la ONU”13.
Los efectos del creciente aislamiento del Gobierno y el aumento de la presión desde las bases de la izquierda se escenificaron muy gráficamente en el “desalojo, arresto y detención” del Vicepresidente de la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui, Jesús Negrín, el pasado 14 de abril. En esta fecha, el Sr. Negrín asistió, invitado, a un mitin de precampaña durante el cual Zapatero se felicitó por la reanudación de la actividad pesquera española en lo que llamó, dos veces, “caladeros marroquíes”. En ese momento, Negrín levantó la voz para puntualizar (correctamente) que los caladeros no son marroquíes sino saharauis, y que tanto el tratado como el desliz retórico del presidente parecían apuntar a una política de “vender el Sahara”. A instancias de los guardas de seguridad, Negrín accedió a abandonar la sala pero sólo tras “escuchar la respuesta” de Zapatero. Negrín fue sacado “a rastras” de la sala, esposado, trasladado a comisaría y puesto a espera de juicio por “desobediencia y alteración del orden público”14.
El presidente no es el único que encuentra dificultades para conciliar la acción política y sus palabras. Para intentar salvar los muebles, ciertos cargos intermedios de la jerarquía socialista se han visto forzados a realizar constantes contorsiones retóricas que, aunque en flagrante contradicción con las declaraciones que emanan del Presidente del Gobierno y del Ministro de Asuntos Exteriores, pretenden tranquilizar a los militantes socialistas y a los simpatizantes con la causa saharaui que están en la órbita del PSOE. Pedro Zerolo, en su calidad de Secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE, incluso se vio obligado a encabezar la manifestación organizada por la CEAS-S, al mismo tiempo que defendía la política del Gobierno explicando que para mostrar “liderazgo” en el conflicto, España debe priorizar el “entendimiento” con Mohamed VI15.
II- Hechos y derecho: bases para una postura española
El 4 de julio de 1991 se firmó el Tratado de Amistad, Cooperación y Buena Vecindad entre España y el Reino de Marruecos. El Gobierno del PSOE inició a partir de entonces un cambio estratégico en su política exterior en el norte de África. Desde esa fecha el Gobierno socialista y un sector influyente del PSOE comienzan una revisión de la política de apoyo al Frente Polisario e inician otra nueva de apoyo sutil a las tesis que amparan la anexión marroquí del Sahara Occidental.
El 6 de septiembre de ese mismo año de 1991 se firmaba el alto el fuego entre el Frente Polisario y Marruecos, bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de la entonces Organización para la Unidad Africana. El alto el fuego tenía como contrapartida la celebración de un referéndum de autodeterminación organizado por las Naciones Unidas en aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad aceptadas por todas las partes.
Este referéndum no ha podido todavía llevarse a la práctica por la negativa sistemática de Marruecos. Durante el reinado de Hassan II, la oposición marroquí era presentada como técnica, invocando problemas para la determinación del censo electoral. Durante el reinado de Mohamed VI, la oposición ha sido política.
El referéndum, según esta nueva tesis, es una fórmula legal pero de imposible aplicación. Marruecos ha decretado unilateralmente su caducidad. La razón alegada es que la opción de la independencia es incompatible con la política de integración plena seguida por el nuevo Rey. El Rey Hassan II aceptaba la fórmula referéndum; su hijo y sucesor la ha rechazado si incluye la opción de la independencia del territorio.
Esta mudanza en la posición de Marruecos intenta cambiar los términos del debate. Con Hassan II se cuestionaba la identidaddel pueblo saharaui, titular de un derecho de autodeterminación no negado explícitamente por Marruecos, mediante la discusión perpetua sobre el censo electoral, para retrasar sine die el referéndum. Con el Rey Mohamed VI el conflicto de soberanía subyacente queda explicitado al declarar que el Sahara Occidental, territorio no autónomo pendiente de descolonización según las Naciones Unidas, ha pasado a formar parte integrante del Reino de Marruecos con la nomenclatura de “Provincias del Sur”.
La pretensión de Marruecos de otorgar una autonomía interna en las llamadas Provincias del Sur tiene unas consecuencias políticas gravísimas para la solución pacífica de este conflicto sobre la soberanía del Sahara Occidental. Conviene recordar que el referéndum de autodeterminación era la contrapartida al alto el fuego. Rechazado el referéndum por Marruecos, el alto el fuego queda como una realidad de factocuyo mantenimiento consolida la ocupación militar de Marruecos y del Frente Polisario de la parte del territorio que cada uno de ellos controla. Esa situación conduce inevitablemente a la perpetuación en el tiempo del conflicto de soberanía existente, dificultando el arreglo pacífico de la controversia por el Consejo de Seguridad y la estabilidad de la región.
El fondo jurídico de la cuestión es cómo se adquiere la soberanía sobre el territorio no autónomo del Sahara Occidental, cuya descolonización según las Naciones Unidas, todavía no ha sido completada.
El conflicto de soberanía en una cuestión de descolonización tiene una legalidad aplicable que ha sido definida por el Tribunal Internacional de Justicia en su amplia jurisprudencia. Fue aplicada al caso del Sahara Occidental en el dictamen de 16 de diciembre de 1975, solicitado por la Asamblea General a iniciativa de Marruecos y Mauritania en 1974.
Esta legalidad puede resumirse diciendo que la regla general es el derecho de autodeterminación del pueblo o país colonial (Resoluciones 1514 (XV); 1541 (XV) y 2625 (XXV) de la Asamblea General). Esta norma tiene algunas excepciones conocidas como Gibraltar, Malvinas e Ifni, donde sería de aplicación el principio del restablecimiento de la integridad territorial del Estado que ejerció su soberanía sobre dichos territorios durante la etapa precolonial correspondiente.
De no existir esta prueba, el derecho de autodeterminación es la vía legal para resolver cualquier conflicto de soberanía. En el caso del Sahara Occidental, el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia es terminante. El pueblo originario del Sahara Occidental es el titular de este derecho y a él le corresponde decidir sobre la soberanía Esta es la legalidad aplicable a la solución política del conflicto. Corresponde al Consejo de Seguridad, según la Carta de las Naciones Unidas, tomar las medidas oportunas para que el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui se respete en toda su plenitud; esto es, con todas las opciones legales que incluyen la independencia, la integración o la libre asociación con Marruecos. No es otro el sentido de la última resolución del Consejo de Seguridad, la 1754 (2007), de 30 de abril, cuando exhorta a las partes a que entablen negociaciones de buena fe sin condiciones previas, teniendo presentes los acontecimientos de los últimos meses, con miras a lograr una solución política, justa y duradera y mutuamente aceptable que conduzca a la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental.
Por ello es necesario establecer una serie de premisas legales para poder fijar la posición española, si es posible de consenso, en relación con este tema:
1. Marruecos no tiene la soberanía sobre el Sahara Occidental y su único título jurídico para justificar internacionalmente su presencia en el Territorio son los Acuerdos de Madrid de 14 de noviembre de 1975 firmados con el Gobierno de Arias Navarro.
2. La legalidad internacional aplicable a la descolonización del Sahara Occidental está contenida en las Resoluciones 1514 (XV), 1541 (XV) y 2625 (XXV) de la Asamblea General y en todas las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad relativas al Sahara Occidental. El Tribunal Internacional de Justicia estableció la obligatoriedad de respetar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui como modalidad de descolonización en su dictamen del 16 de Octubre de 1975.
3. El Gobierno socialista actual, sin negar oficialmente esta legalidad, ha amparado políticamente una iniciativa marroquí que parte de una premisa ilegal: que Marruecos ostenta ya la soberanía sobre el Territorio y en ejercicio de la misma propone dotarle de una autonomía cuyos términos aún no han sido publicados.
4. El proyecto marroquí sólo tendría encaje legal si representase una opción específica entre otras dentro de un referéndum de autodeterminación organizado por las Naciones Unidas para completar la descolonización legal del Sahara Occidental. En este supuesto, sería el pueblo saharaui el que tendría la última palabra sobre esta propuesta de integración legal en Marruecos. De ser aceptada con preferencia a otras opciones igualmente legales, como la independencia o la libre asociación, quedaría concluido el proceso de descolonización. Marruecos habría adquirido la soberanía sobre el Sahara Occidental como resultado de la libre aceptación del pueblo saharaui de un estatuto de autonomía propio garantizado por las Naciones Unidas que sólo podría derogarse o modificarse por el mismo procedimiento.
El conflicto del Sahara Occidental no es un laberinto sino un dilema político y ético en el que las alternativas para cualquier Gobierno democrático de España son básicamente dos. La primera consiste en apoyar la legalidad internacional y trabajar para que el Consejo de Seguridad la haga efectiva. La segunda ignora esa legalidad y dilata la solución de la controversia para desgastar la capacidad de resistencia y la identidad del titular de un derecho, el pueblo saharaui.
Resulta incomprensible observar cómo el Gobierno, debido a la ambigüedad y la confusión de los gestos diplomáticos y su política de apoyo a las tesis marroquíes ,erosiona sistemáticamente la efectividad de un derecho inalienable que tanto España como Marruecos deben respetar y aplicar en cumplimiento de la Carta y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. La paz y la estabilidad de la región, intereses fundamentales de España, serán ilusorias mientras no se respete el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación, cumpliendo así con la legalidad internacional.
2“El Frente Polisario ‘lamenta’ la adhesión ‘peligrosa’ del PSOE al plan de autonomía marroquí para el Sahara”, Libertad Digital,8 de abril de 2007 (http://www.libertaddigital.com/php3/noticia.php3?cpn=1276302926, 21 de mayo de 2007, 17:03).
3 “Sahara: Zapatero expresó a Abdelaziz su deseo de contribuir a un acuerdo en el marco de la ONU”, 26 noviembre de 2004, (https://www.psoe.es/ambito/ongymovsoc/news/index.do?action=view&id=40817, 15 de mayo de 2007, 14:29); “Zerolo: España está intentando buscar una solución negociada y consensuada. 31 años son demasiados y urge una solución justa y duradera”, 13 de noviembre de 2006, (https://www.psoe.es/ambito/ongymovsoc/news/index.do?action=view&id=96464, 16 de mayo de 2007, 16:03); “El Sahara Occidental”, Puntos de Vista. Comisión Ejecutiva Federal, 28 de marzo de 2007 (https://www.psoe.es/ambito/internacional/docs/index.do?action=view&id=125833, 16 de mayo de 2007, 17:01).
4 “Maragall afirma que Zapatero busca una solución para el Sahara sin la ONU”, El País, 28 de mayo de 2004.
5 “Moratinos reclama consenso en la nueva resolución del Sahara”, El Mundo, 14 de octubre de 2004; “Valenciano: “El único acuerdo posible es aquel que integre y respete los derechos e intereses de todas las partes”, 15 de abril de 2007 (https://www.psoe.es/ambito/internacional/news/index.do?action=view&id=130433, 14 de mayo de 2007,16:20).
6 Entrevista a Elena Valenciano, Tiempo, 4 de mayo de 2007.
7 Gaspar Llamazares, intervención con ocasión de las Jornadas de las Universidades Públicas Madrileñas sobre el Sahara Occidental, 8 de mayo de 2007 (http://www1.izquierda-unida.es/ noticia_final.jsp?id=1752, 15 de mayo de 2007, 12:42).
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